Los periodistas arrastramos cierta fama de suspicaces o desconfiados ante el Poder. Y puede que en ocasiones se corresponda con la realidad. Es nuestro oficio. Sin embargo, a mí me parece aún más llamativo cuando ocurre lo contrario.
No comprendo, después de más de treinta años en esta profesión, cómo es posible que muchos (a veces, incluso, sin intención o maldad alguna) sigan sin cuestionar con la debida antelación informaciones caídas de cualquier parte. Necesitaré, si me lo permiten, recurrir a algún ejemplo.
Desde hace décadas, en especial en puentes y festividades, los periodistas difundimos declaraciones machaconas (poco varían de una vez a otra) de un responsable de la Administración en las que éste señala que, de los fallecidos en carretera durante la última operación salida, o llegada, un 42, un 46 o un 49 por ciento de ellos (cito cifras recogidas al azar) no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Así lo cuentan y los medios, sin temblor ni suspicacia, difunden un dato del que, per se, sólo podría deducirse que una cantidad aún mayor de fallecidos, un 58, un 54 o un 51 por ciento… ¡sí lo llevaban puesto!
¿Acaso la conclusión ha de ser que el cinturón de seguridad es la causa de un mayor número de muertes? Evidentemente, no. Lo que digo es que el dato que nos dan, y los medios publican sin cuestionarlo, carece por completo de significancia, pues lo mismo podría haber manifestado el político del ramo que el 90 por ciento de esos fallecidos desayunaron ese día café con leche y, aun si fuese cierto, de ello no cabe deducir relación alguna entre conducir y el desayuno. Algo más deberían añadir si pretenden que el lector extraiga conclusiones racionales.
Hasta aquí, la cosa pudiera parecer relativamente inocua. Ocurre, sin embargo, que en otra multitud de ejemplos los periodistas prescinden, por acomodo o por automatismo, del aparato crítico imprescindible y, a sabiendas, o por simple afán de corrección política (una forma más de autocensura), difunden una realidad tan sesgada o retorcida que cuesta diferenciarla del embuste –sólo a veces, ya digo, indeseado e involuntario- o, en el peor de los casos, de la artera propaganda.
Al respecto, destacan los muchos casos auspiciados por ese hembrismo malicioso y derrochador que Zapatero, y todavía Griñán, se encargaron y se encargan cada año de regar con cientos de millones de euros de nuestros impuestos. Así, cuando un hombre asesina a su pareja o ex pareja, los titulares suelen calificar de inmediato y en primera instancia la condición machista del suceso y cuesta esfuerzo, o desaparece por completo, cualquier otra circunstancia o condicionamiento que pudiera explicar lo acontecido: situación psiquiátrica, económica o adictiva de los protagonistas, nacionalidad de sus miembros, etc. Eso sí, la noticia incluye, con total seguridad, el recuento puntilloso de fallecidas hasta esa fecha que todo un aparataje de observatorios de la nada, institutos sobrantes y asociaciones subvencionadas, llevan con una minuciosidad que se diría hasta morbosa.
En cambio, si la víctima es un menor (hijo o hija), o si el crimen corre a cargo de un joven o una joven que matan a sus padres (o a una compañera de colegio, “sólo por ver la cara que ponía al morirse”, dijeron dos muchachas después de apedrear hasta la muerte a su mejor amiga en San Fernando, Cádiz), enseguida sabremos, porque alguien se habrá encargado de suministrar esos datos, que dichas personas se encontraban en tratamiento psiquiátrico desde hacía años, o que dichos jóvenes eran conocidos en el barrio por su afición a las drogas o cualquier otra circunstancia que tampoco justifican nada, pero que al lector, espectador u oyente le sitúan ante un escenario subjetivamente diferente.
Por añadidura, ninguna instancia administrativa, a día de hoy, ofrece el dato ni contabiliza, al menos que se sepa, el número de hijos asesinados por sus progenitores cada año (y dejo fuera los abortos), aunque sí se sabe que en el ranking de madres y padres que matan a sus hijos la proporción de ellas es de casi ocho a dos, y la cifra final de hijos indefensos que mueren cada año a manos de sus progenitores, supera, con toda probabilidad, al de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. También se abstienen de darnos el recuento, por supuesto, cuando ellas asesinan a sus novios o maridos. Y nadie dice nada.
O bien, esa otra cíclica serpiente que reaparece cada pocos meses cuyos titulares ‘desinforman’ sobre una presunta brecha salarial que existiría entre hombres y mujeres (y el lector supone que es en idéntica función o trabajo), cuando desde hace un lustro existe instituido un premio de varios miles de euros para quien encuentre un caso así en España y, cada convocatoria, el premio se declara… desierto.
Es en estas burdas sutilezas y en estos abruptos matices informativos donde encuentro grave el acriticismo y acomodo de algunos compañeros (masculino genérico) que inducen al lector a seguir el camino de la intoxicación, la propaganda y de la manipulación política perversa. Recientemente supimos que una mujer, en Málaga, se arrojó al vacío antes de ser desahuciada de su vivienda por orden judicial. Sin embargo, los medios guardan un mutismo incomprensible cuando el que se suicida es un padre a punto de ser ‘desahuciado’ de todas sus propiedades, de su dignidad y hasta de sus hijos, a menudo bajo acusaciones falsas y amenazas, sólo porque alguno de los dos ha decidido enamorarse de otra persona. Algo de esto, me parece, sabe el digno ciudadano Francisco Serrano, motivo por el cual… ya no es juez.
En la misma línea de pelotas envenenadas que los políticos lanzan y que muchas veces nos tragamos por falta del entrenamiento (léase desconfianza) adecuado, se encontrarían casos como el de la reciente noticia sobre la deuda que mantiene España con el acelerador de partículas del Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), es decir, con el más ambicioso proyecto científico concebido jamás en Europa, pues el gobierno de ZP dejó sin pagar los plazos de los dos últimos años por un valor de 101 millones de euros. Obsérvese, por el contrario, que lo que a nuestro ex presidente, en esos mismos dos años, no se le olvidó abonar, como en su día publicó ABC, fueron los sucesivos plazos, hasta 99,5 millones de euros comprometidos, para lograr que cierta ex ministra fuese recolocada como asesora de Unifem en Nueva York a costa del erario público. Y allí anda ella, tan contenta. La roncha indeseada es nuestra. Y pica. A rascarse, que no es gerundio.